“Con el convento carmelita de Nogoyá, la diócesis de Paraná continuó la tradición de culpar a las víctimas”

La Cámara de Casación Penal tratará este 26 de noviembre el recurso planteado por los defensores de la monja Luisa Toledo, condenada a 3 años de prisión efectiva, en 2019, por el delito de privación ilegítima de la libertad. La religiosa fue priora del convento carmelita Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá, donde ejerció abuso de autoridad, tratos crueles y castigos físicos contra al menos dos de sus subordinadas. Dialogamos con Marcelo Albarenque Rauch, hermano de Silvia, una de las víctimas y denunciantes de Toledo.

“Mi hermana pretendió que la curia de Paraná y el arzobispo tomaran conocimiento de lo que estaba aconteciendo en el convento en Nogoyá. Después de intentar por los canales eclesiásticos sin ninguna respuesta, dió una nota en Análisis y el Ministerio Público la citó por esa entrevista. Posteriormente se conoció el caso de otra mujer en su misma situación que tuvo que escaparse del convento”, relató Marcelo.

Se refirió en duros términos a Juan Alberto Puiggari: “El obispo diocesano, el pastor de la arquidiócesis de Paraná está pagando la defensa de una persona imputada de privación ilegítima de la libertad y no de la víctima. Está asistiendo al victimario”, dijo.

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